En medio de complejas repercusiones políticas para la administración regional, el Gobierno confirmó la continuidad en su cargo de la recién asumida secretaria regional ministerial (seremi) de Justicia y Derechos Humanos de La Araucanía, Stephanie Caminondo Eyssautier. La ratificación ocurre a escasas horas de que los tribunales declararan admisible una masiva querella criminal interpuesta por el actual gobernador regional, René Saffirio, la cual apunta de forma directa a Caminondo en su anterior rol como asesora jurídica de la Agencia de Desarrollo Productivo.
La acción judicial, que investiga presuntos delitos de administración desleal y prevaricación, persigue el destino y las severas fallas normativas detrás de un fondo de $9.000 millones de pesos originalmente destinado al programa de fondos concursables de «Reactivación Económica de las MIPYMES». Según la auditoría técnica y los antecedentes expuestos por los organismos fiscalizadores, la arista penal se centra en más de $5.890 millones de pesos en rendiciones que fueron completamente rechazadas o presentadas de forma anómala bajo la administración del exgobernador Luciano Rivas.
Al adquirir formalmente la calidad de imputada en este presunto esquema de defraudación pública, la abogada ha optado por mantener un estricto silencio mediático. Sin embargo, fuentes gubernamentales recalcaron que la Seremi se ha comprometido a poner a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes institucionales que posea para colaborar activamente con el esclarecimiento de los hechos.
A pesar de las intensas presiones provenientes de diversos bloques fiscalizadores de la zona que exigen su salida inmediata para resguardar la probidad de la cartera de Justicia, el Ejecutivo ha decidido blindar la permanencia de Caminondo. La determinación ha reencendido el debate en el sur del país sobre las redes de influencia locales y el estándar ético aplicable a las autoridades sectoriales mientras enfrentan indagatorias por corrupción en el aparato público.
