SANTIAGO, 8 de junio de 2026 – La bancada de diputados y diputadas del Frente Amplio (FA) ingresó un requerimiento fiscalizador dirigido a la Tesorería General de la República (TGR) con el objetivo de transparentar de manera inmediata los criterios institucionales aplicados en los embargos bancarios y retenciones de fondos financieros a personas morosas del Crédito con Aval del Estado (CAE).
La ofensiva legislativa busca esclarecer los márgenes legales y de proporcionalidad bajo los cuales el organismo público está ejecutando estos procesos de cobranza judicial, luego de que se registraran múltiples denuncias asociadas a la inmovilización completa y total de los activos financieros de los usuarios en el sistema bancario. Desde el bloque político calificaron la medida de extrema, advirtiendo el profundo impacto socioeconómico que genera dejar a un trabajador sin liquidez para cubrir sus necesidades básicas.
Al respecto, parlamentarios del Frente Amplio enfatizaron que estas acciones representan «abusos y arbitrariedades» institucionales que ignoran la cruda realidad del mercado laboral joven. Datos proporcionados por la misma bancada detallan que más del 50% de las y los deudores activos del CAE perciben ingresos mensuales inferiores a los 750 mil pesos, lo que vuelve inviable la sostenibilidad de cobros coactivos de esta magnitud.
Cooperativa
Esta arremetida fiscalizadora se suma a la agenda legislativa levantada por el FA en abril de este año, periodo en el que ingresaron formalmente un proyecto de ley destinado a reformular de manera integral los mecanismos de cobranza de las deudas universitarias. Dicha iniciativa legal propone incorporar criterios vinculados estrictamente a la capacidad real de pago de los deudores y establecer, por ley, un umbral mínimo de protección e inembargabilidad para todos aquellos profesionales y técnicos cuyos ingresos mensuales se sitúen por debajo de los 1,5 millones de pesos.
