En lo que representa un duro revés para la instalación de la agenda de orden público del Gobierno, la Contraloría General de la República determinó que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, vulneró el ordenamiento jurídico al exigir a la Policía de Investigaciones (PDI) antecedentes confidenciales sobre causas y funcionarios vinculados a su antiguo periodo laboral como persecutora en el norte del país.
El pronunciamiento del órgano de control, originado a partir de los requerimientos de fiscalización presentados por los diputados Raúl Leiva (PS), Patricio Pinilla (DC) y Tatiana Urrutia (FA), estableció de manera tajante que «la actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención«.
El oficio de la polémica Los hechos se remontan al 13 de marzo de 2026, a solo dos días del cambio de mando presidencial. En esa fecha, Steinert remitió un oficio reservado al director general de la policía civil, Eduardo Cerna, solicitando el nombre completo, cédula de identidad, grado y destino de los detectives pertenecientes a una Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Tarapacá. Además, requirió conocer de forma pormenorizada los fundamentos de los traslados del personal que ejecutaba labores investigativas ligadas a la causa penal conocida como «Clan Chen».
El dictamen aclara que las solicitudes de la exministra excedían las facultades de planificación y diseño de políticas públicas que le corresponden a la cartera de Seguridad Pública. Asimismo, advierte que la intromisión ministerial representó un potencial riesgo de afectación para el desarrollo de investigaciones penales activas, un ámbito protegido estrictamente por ley frente a interferencias del Poder Ejecutivo.
Conflicto de interés y coletazos políticos La resolución de Contraloría hace especial hincapié en el principio de probidad administrativa. Dado que los detectives involucrados conformaban el círculo operativo que colaboró con Steinert durante su gestión como Fiscal Regional de Tarapacá, la exsecretaria de Estado debió activar las correspondientes actas de implicancia y restarse del procedimiento. Al no hacerlo, incurrió en una abierta falta a su deber estatutario de abstención.
Pese a que el dictamen no atribuye responsabilidades penales e indica que el posterior llamado a retiro absoluto de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, se ajustó a derecho, las repercusiones en el Congreso no se hicieron esperar. Desde la oposición se fustigó con dureza el actuar de Steinert, señalando que la resolución ratifica una grave instrumentalización y falta de expertiz técnico en la conducción inicial del ministerio, abriendo la puerta a un análisis responsable sobre posibles acciones legislativas de carácter constitucional.
El actual ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau —quien asumió tras el ajuste de gabinete del pasado 19 de mayo— blindó institucionalmente la posición de La Moneda al manifestar que la administración respalda y valora las tareas que desempeñó la exministra durante sus 69 días de gestión, declinando emitir comentarios en profundidad sobre los alcances técnicos del dictamen emitido por el ente fiscalizador.
