La acción judicial apunta al exgobernador de La Araucanía por su presunta participación en irregularidades vinculadas al traspaso de recursos públicos a Fundación Local. El CDE acusa seis delitos consumados y cuatro en grado de frustrados, mientras que la causa también alcanza a otras 31 personas.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplió este miércoles su querella criminal contra el exgobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, incorporándolo como presunto responsable de 10 delitos de fraude al Fisco en el marco de la investigación por el denominado Caso Convenios, específicamente en la arista relacionada con Fundación Local.
La acción judicial contempla seis delitos de fraude al Fisco consumados y otros cuatro en grado de frustrados, según confirmó el abogado del CDE, Claudio Jara Huidobro, en el Tribunal de Garantía. La presentación también alcanza a otras 31 personas, entre funcionarios, exfuncionarios del Gobierno Regional y particulares.
Los hechos investigados corresponden principalmente al período entre 2022 y 2023, cuando Rivas se desempeñaba como gobernador regional. La indagatoria se concentra en la transferencia de recursos públicos a Fundación Local, organización que recibió más de $2.000 millones desde el Gobierno Regional para distintos programas y proyectos.
El origen de la investigación
Fundación Local se convirtió en una de las principales aristas del Caso Convenios en La Araucanía luego de detectarse presuntas irregularidades en la utilización de recursos transferidos por el GORE.
Antecedentes expuestos previamente en la investigación señalan que el Gobierno Regional llegó a comprometer recursos por más de $9.000 millones mediante distintos convenios, mientras que más de $2.100 millones habrían alcanzado a ser efectivamente transferidos a Fundación Local antes de que el caso tomara mayor dimensión pública.
La Fiscalía ha investigado, entre otros aspectos, la existencia de eventuales funcionarios fantasmas, cotizaciones cuestionadas y sobreprecios. En 2025, el fiscal regional Roberto Garrido sostuvo que Fundación Local habría sido utilizada para canalizar recursos públicos hacia personas vinculadas a la organización y a funcionarios del Gobierno Regional.
Rivas, quien permanece en calidad de imputado y no ha sido condenado por estos hechos, declaró anteriormente ante la Fiscalía que no se habría percatado de los montos involucrados en los convenios y sostuvo que los proyectos llegaban a su firma después de pasar por las evaluaciones correspondientes del Gobierno Regional.
Nuevas acciones judiciales
La ampliación presentada por el CDE se suma a otras acciones judiciales relacionadas con la administración de recursos públicos durante la gestión de Rivas.
En junio de 2026, el Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible una querella presentada por el actual gobernador regional, René Saffirio, por administración desleal y prevaricación, relacionada con un programa de reactivación económica que movilizó cerca de $9.000 millones.
En esa investigación se estimó un eventual perjuicio patrimonial de aproximadamente $5.898 millones, correspondiente a gastos rechazados, equivalentes a cerca del 65% de los recursos ejecutados del programa.
El CDE, por su parte, tiene entre sus atribuciones ejercer acciones penales cuando se investigan delitos que afectan recursos de organismos del Estado, incluidos los gobiernos regionales.
Una investigación que continúa
La nueva querella no constituye una sentencia ni determina por sí sola responsabilidad penal. Será el Ministerio Público y posteriormente los tribunales los encargados de establecer si existieron delitos y quiénes resultan responsables.
La ampliación de la acción judicial, sin embargo, representa un nuevo capítulo relevante para una investigación que desde 2023 ha puesto bajo la lupa el manejo de miles de millones de pesos de recursos públicos durante la anterior administración del Gobierno Regional de La Araucanía.
La causa continúa en desarrollo y todavía existen diligencias pendientes antes de que la Fiscalía determine eventuales formalizaciones y responsabilidades penales.
