EL CLUB DE LOS 50

Reportaje de investigación

Introducción: Lo que para unos es un sueño, para otros fue un cheque

Imagínese esto: usted tiene una idea de negocio, una empresa incipiente, quizás una startup tecnológica, un proyecto de innovación que lleva meses madurando. Decide postular a CORFO, la entidad pública más importante de Chile para el financiamiento de empresas. Prepara su plan de negocios, reúne proyecciones, carta Gantt, estados financieros, un pitch deck que ha pulido decenas de veces. Postula al Fondo de Innovación para la Competitividad, o a Start-Up Chile, o a algún Capital Semilla.

Las estadísticas son despiadadas. En las convocatorias de CORFO, la tasa de rechazo supera habitualmente el 80%. Los proyectos que logran aprobación enfrentan luego una segunda etapa de evaluación técnica, luego una tercera de due diligence. Los montos aprobados raramente superan los 30 millones de pesos para una primera ronda. Obtener 50 millones de pesos de financiamiento estatal para una empresa es, en el Chile de hoy, una hazaña que requiere meses de tramitación, rendición de cuentas, visitas a terreno, informes de seguimiento, métricas de impacto verificables. Y aun así, muchos postulantes se quedan con las manos vacías.

Por eso lo que revela la nómina oficial del Fondo de Desarrollo Empresarial del Gobierno Regional de La Araucanía —convocatoria 2022, ejecutada mediante la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo— resulta tan difícil de procesar: 36 beneficiarios recibieron exactamente $50.000.000 cada uno, el máximo disponible. No como un crédito que hay que devolver. No con garantías hipotecarias. Sin tasa de interés. En muchos casos, con rendición rechazada íntegramente.

Para estos 36, los $50 millones no fueron el resultado de meses de tramitación burocrática. Fueron, en los hechos, casi un regalo.

El fondo y sus reglas: cuando el dinero público se reparte sin red

El programa de Reactivación Económica nació en 2021 como respuesta a la crisis que dejó la pandemia en La Araucanía: cerca de 82 mil puestos de trabajo perdidos y el freno de la actividad empresarial en la región más pobre del país. La Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo propuso cofinanciar planes de negocio de micro, pequeñas y medianas empresas para que pudieran modernizarse, adquirir maquinaria y mejorar su infraestructura.

El convenio lo firmó el entonces gobernador Luciano Rivas, quien también presidía el directorio de la propia Corporación. En primera instancia se transfirieron 2.000 millones de pesos, luego duplicados a 4.000 millones. Pero en octubre de 2022 el directorio pidió un aumento adicional de 5.000 millones. El Consejo Regional aprobó el incremento en apenas cuatro días. Para el 17 de octubre de 2022, el programa contaba con 9.000 millones de pesos.

Las bases establecían un cofinanciamiento de hasta el 50% de proyectos que costaran entre 20 y 100 millones de pesos, lo que se traducía en transferencias de entre 10 y 50 millones por beneficiario. Se exigía residencia en la región, iniciación de actividades, carpeta tributaria y que la empresa calificara como Mipyme. También había incompatibilidades explícitas: no podían postular funcionarios del GORE, representantes de empresas socias de la Corporación, ni parientes de autoridades de elección popular hasta el segundo grado.

La nómina analizada revela que el sistema de control falló de manera sistemática. El monto total transferido alcanza los $8.916.928.066. De ese total, solo $767.056.157 fueron aprobados —el 8,6%—. El resto quedó observado, rechazado o sin reintegrar. Sólo 23 empresas de las 327 beneficiadas cumplieron con la rendición en forma íntegra.

Los casos que merecen atención especial

La red Martini: $199.000.000 rechazados al 100%, vínculos con el caso Fundaciones

Este es el caso más grave de toda la nómina, y el que el propio gobernador René Saffirio confirmó a Radio Bío Bío por su nombre.

La empresa central es Sociedad de Inversiones Martini Limitada (Villarrica), cuyo representante es Alejandro Martini Iriarte, ex presidente del Partido Republicano en La Araucanía y figura pública conocida por sus vínculos con el presidente José Antonio Kast —con quien compartió viajes a Europa y reuniones con Jair Bolsonaro y su hijo—. Martini recibió $50.000.000 para un proyecto de construcción de una piscina industrial para baño anti manchas en la producción de madera aserrada. Las rendiciones terminaron rechazadas en su totalidad: faltaban comprobantes de pago, las direcciones del proyecto no coincidían, y los equipos de seguimiento no encontraban la obra.

Un detalle significativo: la Sociedad de Inversiones Martini no tenía inscripción en el Registro Nacional de MiPymes al momento de adjudicarse los fondos. Recién la obtuvo en marzo de 2025, al menos dos años después de recibir el dinero.

A esto se suma que las rendiciones de la empresa fueron firmadas por Juan Pablo Leonelli Lepín, director de la agencia en abril de 2023 y —según confirmó el propio Martini— amigo personal suyo y su socio en la empresa Sui Generis Limitada. Leonelli era además el ex jefe de gabinete de Luciano Rivas y hoy enfrenta la justicia en el caso Fundaciones, imputado por fraude al Fisco, uso malicioso de instrumento privado falso y otros delitos económicos.

Las otras tres empresas del entramado, según el gobernador Saffirio, son Inversiones El Refugio SPA ($50.000.000, rep. María Ovalle Mardones, vinculada explícitamente a A. Martini en el expediente de rendición, con derivación a Fiscalía), Inversiones MAK SpA (Pucón, $50.000.000, rep. Karam Puali, negocio cerrado al verificar en terreno) y Comercial MK Chile Limitada ($49.213.039, rep. Moruan Edgardo Puali López —mismo apellido que el representante de MAK—). Las dos últimas facturaron a Comercial Santa Pilar SPA, firma que el propio Martini reconoció como proveedora, aunque negó tener negocios vinculados con su representante.

El resultado: $199.213.039 transferidos, $199.213.039 rechazados. El 100%.La familia García Aguilera: $204.000.000, el 82% rechazado, facturas entre parientes

El segundo gran bloque de irregularidades concentra a la familia García Aguilera, vinculada por parentesco al ex diputado de Renovación Nacional Diego Paulsen, quien presidió la Cámara de Diputados en 2020 con solo 32 años y en 2021 no se repostuló al cargo.

El gobernador Saffirio identificó seis empresas del grupo familiar: Santa Clara SPA, Inversiones RGA, Comercial Decorene Limitada, Fruterra Gastronomía Limitada, Inversiones 530 Limitada e Inversiones G7 Limitada. Entre todas recibieron $204.000.000 en transferencias, con $167.000.000 rechazados —el 81,9%—.

Santa Clara SPA ($20.190.263, íntegramente rechazados) es la empresa de María Valentina García Aguilera, esposa de Paulsen. Los recursos se gastaron en un letrero de acrílico, el cambio de una carpa, y —según el expediente de seguimiento— en gomitas dulces, papas fritas, masticables, Super 8, Frugelé y otras golosinas para su casa de cumpleaños. La agencia advirtió además sobre posibles «incompatibilidades y prohibiciones», pidiendo aclarar si la beneficiaria tenía grado de parentesco con personas en cargos de elección popular —lo que claramente era el caso—.

Inversiones RGA Limitada ($43.640.918, con $42.719.263 rechazados) corresponde a Rodrigo Javier García Aguilera, cuñado de Paulsen. Justificó el gasto en un toldo, cámara de frío, congelador, camarones ecuatorianos y una estructura metálica. Uno de los problemas detectados: pagó una factura de más de 17 millones en efectivo, pero la misma factura especificaba que el pago era a crédito a 15 días. Además, Rodrigo facturó el toldo ($725.000) a Comercial Decorene Limitada, la empresa de su madre.

Comercial Decorene Limitada ($39.743.356, con más de $30.000.000 rechazados) pertenece a Margarita Aguilera Galaz, suegra de Paulsen. Sus fondos se usaron en vehículos (furgones Chevrolet y una camioneta Mazda) y telas, pero no presentó el informe de generación de empleo ni los documentos de inscripción de los vehículos.

Fruterra Gastronomía Limitada ($17.020.232, con $16.192.648 rechazados) es de Ricardo Gonzalo García Aguilera, hermano del cuñado. También compró vehículos y un toldo —facturado a su madre— y las fotos del informe de seguimiento no correspondían a las dependencias de la empresa.

Inversiones 530 Limitada ($34.524.898, con $23.563.916 rechazados) pertenece al patriarca, Ricardo Guillermo García Migueles. Compró cortadora de fiambre, congeladores, carnes y tres toldos retráctiles que adquirió, precisamente, a Comercial Decorene Limitada —su propia esposa—, por una factura de $6.903.432. El profesional de seguimiento dejó constancia expresa de la relación del matrimonio con la proveedora.

Inversiones G7 Limitada ($49.023.147), del conocido restaurante Gohan, tiene como representante a Tomás Echavarri Fernández y como socio a Rodrigo García Aguilera, el mismo cuñado de Paulsen. Compró notebook, computadores, impresora, cortadora de fiambre, refrigeradores y una camioneta para delivery —cuyo uso no pudo verificarse porque el sitio web del restaurante solo ofrecía despacho vía aplicaciones externas—.

Bioinnova y los amigos del exgobernador Rivas

Víctor Albornoz Rubilar, casado con la prima de la esposa del exgobernador Luciano Rivas, recibió $50.000.000 para su empresa Bioinnova SPA destinados a fabricar resinas y un reactor. Las rendiciones quedaron rechazadas: las cartolas bancarias presentadas no permitían diferenciar las transferencias realizadas en los meses clave. Su hermano, Andrés Albornoz Rubilar, era el asesor jurídico de confianza de Rivas y tesorero de Fundación Local, investigada por la Fiscalía en el caso Fundaciones, donde el propio Rivas tiene calidad de imputado.

Eco Frontera SPA ($34.670.030), de Héctor Troncoso Triviño, también imputado en la arista de Fundación Local, recibió sus fondos para comprar equipamiento. Aunque las rendiciones no presentaron observaciones iniciales, el seguimiento detectó que el vehículo adquirido estaba en las dependencias del proveedor en otra ciudad, «a la espera del despacho a Temuco». No se generaron informes sobre las otras compras. Resultado: rendiciones rechazadas al cierre del programa.

Sin rendición: el dinero salió y no volvió

SOC. COM. Coihue SPA (Loncoche) y Terralagos Spa (Villarrica) recibieron $50.000.000 cada una. En ambos casos la columna de aprobado marca cero y la de rechazado marca $50.000.000. No consta rendición presentada al GORE. Los dineros salieron. La rendición, nunca llegó.

Una obra sin terminar y sin explicaciones

Turismo Casagrande Limitada (Temuco) recibió $50.000.000 para una construcción, íntegramente rechazados. Se comenzó con un proveedor que recibió pagos pero no terminó la obra, se continuó con otro sin adjuntar las facturas, y la Corporación nunca respondió cuando se le pidió aclarar la situación.

La familia Covili: hasta $150 millones bajo el mismo apellido

INFOCOR EIRL (Lumaco, rep. Jorge Covili Roa) recibió $50.000.000, íntegramente rechazados. En la misma nómina, César Emilio Covili Neira (Lumaco) recibió otros $50.000.000. Y el expediente de rendición paralelo registra además a Servicios Forestales Jorge Covili Roa EIRL con otros $50.000.000. Si los tres registros corresponden a entidades distintas como aparecen en el documento, un mismo núcleo familiar de Lumaco habría concentrado hasta $150.000.000 en esta convocatoria.

El top 50: quiénes recibieron más

Más allá de los 36 que tocaron el techo exacto de $50 millones, otros 14 beneficiarios se acercaron de manera notable, completando el listado de los 50 que más recursos recibieron. Entre ellos: Cervecería Lonquimay Spa ($49.999.999), Comercial e Industrial Rengalil ($49.999.960), OP 360 Spa ($49.999.799) y Dendro Diagnosis Importaciones & Exportaciones SpA ($49.999.125).

En prácticamente todos estos casos, el monto aparece rechazado en su totalidad o con aprobación parcial mínima. El dinero fue transferido; lo que no funcionó fue la rendición que debía justificarlo.

Epílogo: dos sistemas, un país

Mientras una startup en Santiago lleva meses preparando su postulación a CORFO, ajustando proyecciones financieras, diseñando indicadores de impacto, buscando mentores, preparando pitches, y aun así enfrenta una probabilidad alta de rechazo, en La Araucanía 36 empresas recibieron $50 millones cada una —$1.800.000.000 en total solo para este grupo— vinculadas en varios casos a ex autoridades, parientes de políticos y figuras investigadas en el caso Fundaciones. Del total de $8.916.928.066 transferidos en toda la convocatoria, solo $767.056.157 fueron aprobados. El resto sigue observado, rechazado o irrecuperable.

No se trata de un juicio sobre la legitimidad de apoyar al empresariado de La Aracanía. Se trata de una pregunta más simple: ¿llegó el dinero a donde debía llegar? ¿Generó el empleo, el aumento de ventas, la empleabilidad que justificaban la inversión?

Sólo 23 empresas de 327 pudieron demostrarlo.

El Club de los 50 existe. Sus socios son conocidos. Lo que falta es saber qué pasó con el dinero.

Nómina: Los 50 que más recibieron
Fuente: Nómina oficial GORE La Araucanía, convocatoria 2022