Información revelada por BioBioChile expone rendiciones rechazadas, vínculos políticos y familiares entre beneficiarios y un alto porcentaje de recursos públicos sin respaldo claro.
Un complejo escenario enfrenta el Gobierno Regional de La Araucanía tras la revelación de una serie de presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a la reactivación económica post pandemia. Según información publicada por BioBioChile, la Fiscalía de Alta Complejidad investiga a una docena de empresas por eventuales anomalías en un programa que distribuyó más de $8 mil millones a micro, pequeñas y medianas empresas de la región.
El programa, impulsado en 2022 durante la administración del exgobernador Luciano Rivas, buscaba mitigar los efectos económicos de la pandemia mediante el cofinanciamiento de proyectos productivos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el actual gobernador René Saffirio detectó graves inconsistencias en la ejecución y rendición de los fondos.
De acuerdo a los antecedentes, de los cerca de $8.917 millones transferidos a 327 beneficiarios, solo un 8,9% fue correctamente rendido. En contraste, un 77,1% —equivalente a más de $6.800 millones— fue rechazado, mientras que otro 13,4% permanece observado, configurando un escenario donde la mayor parte de los recursos no cuenta con respaldo claro sobre su uso.
Entre las irregularidades detectadas figuran facturas sin comprobantes de pago, rendiciones incompletas, compras entre empresas vinculadas y falta de documentación clave. Incluso se reportaron casos donde los recursos públicos habrían sido utilizados en adquisiciones cuestionables o sin relación directa con los objetivos del programa.
Uno de los puntos más sensibles del caso dice relación con los vínculos entre beneficiarios y figuras políticas. Según la investigación, parte de los fondos habría llegado a empresas relacionadas con el exdirigente republicano Alejandro Martini, así como a sociedades vinculadas a la familia del exdiputado Diego Paulsen. En varios de estos casos, las rendiciones fueron rechazadas en su totalidad o en porcentajes significativos.
Asimismo, se identificaron conexiones con personas investigadas en otras aristas del denominado “caso Fundaciones”, lo que amplía el alcance del escándalo y refuerza las sospechas sobre eventuales redes de favorecimiento en la asignación de recursos públicos.
El Ministerio Público confirmó que la investigación se inició tras una denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII), y que actualmente existe una causa desformalizada que involucra al menos a 12 empresas. En paralelo, también se indaga la eventual responsabilidad de funcionarios públicos encargados de supervisar el correcto uso de los fondos.
En esa línea, un exfuncionario del programa ya fue formalizado por delitos de fraude al Fisco y lavado de activos, en una causa vinculada a la administración de estos recursos. Inicialmente quedó en prisión preventiva, medida que posteriormente fue revisada tras colaborar con la investigación.
Ante este escenario, el gobernador Saffirio instruyó un sumario administrativo, además de anunciar auditorías internas y eventuales acciones judiciales. “La situación reviste particular gravedad”, señaló, apuntando a la pérdida de documentación, fallas en los controles y posibles inconsistencias en la rendición de cuentas.
El caso vuelve a instalar el debate sobre el uso de recursos públicos en regiones y los mecanismos de fiscalización, especialmente en programas diseñados para enfrentar emergencias económicas. A su vez, abre cuestionamientos políticos sobre la asignación de fondos y la existencia de posibles redes de influencia en su distribución.
