El exparlamentario será formalizado este 4 de mayo, tras el levantamiento de su fuero, en una causa que investiga facturas falsas, desvío de fondos públicos y eventual tráfico de influencias.
El exdiputado Joaquín Lavín León enfrentará este lunes 4 de mayo su audiencia de formalización, en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Oriente por presuntos delitos de corrupción, entre ellos fraude al Fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil.
La instancia judicial se concreta luego de que la Corte Suprema confirmara su desafuero, habilitando al Ministerio Público para imputarle cargos y solicitar medidas cautelares.
Facturas falsas y uso de recursos públicos
Según los antecedentes de la investigación, la Fiscalía sostiene que Lavín León habría participado en la emisión de al menos 34 facturas ideológicamente falsas, además de utilizar empresas vinculadas para desviar fondos públicos hacia fines políticos.
Parte de estos recursos, de acuerdo con la indagatoria, habrían sido destinados incluso a campañas electorales relacionadas con la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
Perjuicio fiscal millonario
El caso apunta a un perjuicio fiscal que superaría los $100 millones, e incluso podría alcanzar cifras cercanas a los $190 millones, considerando distintas aristas de la investigación.
Entre los ejes de la causa se incluyen:
- Financiamiento irregular de plataformas y servicios con recursos del Congreso
- Rendición de gastos presuntamente falsos o inflados
- Eventual intervención en decisiones municipales aprovechando su posición política
Red de involucrados
En la misma causa, la Fiscalía también solicitó formalizar a otras personas vinculadas al exdiputado, entre ellas un exasesor parlamentario y empresarios, quienes habrían participado en las maniobras investigadas.
El Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú figuran como querellantes en el proceso, reforzando la gravedad de los hechos investigados.
Etapa clave del proceso
La formalización marcará un punto clave en la causa, ya que permitirá a la Fiscalía comunicar formalmente los delitos, exponer los antecedentes reunidos y solicitar medidas cautelares en contra del exparlamentario.
El caso se enmarca en una serie de investigaciones por presunto uso irregular de recursos públicos en el ámbito político, donde el Ministerio Público busca establecer eventuales responsabilidades penales.
