El Gobierno había atribuido la medida a criterios técnicos de Gendarmería. Sin embargo, el propio Presidente reconoció que instruyó personalmente el traslado de los internos, instalando cuestionamientos sobre la versión entregada inicialmente por el Ministerio de Justicia.
Una nueva controversia se abrió al interior del Gobierno luego de que el presidente José Antonio Kast reconociera públicamente que fue él quien ordenó el traslado de tres reos comunes desde el penal de Punta Peuco, contradiciendo la versión entregada previamente por autoridades del Ministerio de Justicia.
La polémica comenzó luego que se conociera la decisión de sacar a tres internos condenados por delitos comunes que permanecían en el recinto penitenciario de Til Til, luego del proceso de reconversión impulsado durante la administración anterior para transformar Punta Peuco en una cárcel común.
Frente a los cuestionamientos, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, aseguró que la medida respondía exclusivamente a criterios técnicos elaborados por Gendarmería y descartó que existiera una decisión política detrás del traslado.
Sin embargo, durante una entrevista emitida este fin de semana, el presidente José Antonio Kast confirmó que la instrucción fue adoptada directamente por él. Consultado sobre si había ordenado el traslado de los internos, respondió afirmativamente y defendió que la determinación forma parte de las facultades presidenciales para conducir la política penitenciaria del país.
Las declaraciones instalaron dudas respecto de la versión entregada inicialmente por el Ejecutivo, ya que mientras desde Justicia se habló de una decisión técnica impulsada por Gendarmería, el Mandatario reconoció que existió una instrucción presidencial para concretar la medida.
Ante las críticas, desde La Moneda intentaron bajar la tensión señalando que no existiría contradicción entre ambas versiones. Según explicaron autoridades de Gobierno, una cosa sería la definición política general respecto al funcionamiento del sistema penitenciario y otra la ejecución técnica realizada por Gendarmería para materializar los traslados.
No obstante, el episodio abrió un nuevo flanco comunicacional para el Ejecutivo, ya que la oposición y diversos actores políticos cuestionaron la diferencia entre la explicación entregada inicialmente por Justicia y las posteriores declaraciones del Presidente.
La situación vuelve además a poner en el centro del debate el futuro de Punta Peuco, recinto que durante décadas estuvo destinado exclusivamente a condenados por violaciones a los derechos humanos y cuyo estatus ha sido objeto de controversia política durante los últimos años.
