En medio de las intensas presiones políticas y tras la reciente salida de Trinidad Steinert de la cartera, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salió al paso de los cuestionamientos de la oposición y diversos sectores que acusan una falta de rumbo claro en el control del orden público. En un sorpresivo giro argumental, el secretario de Estado respaldó la vigencia de la estrategia heredada del gobierno anterior como la base operativa de la actual administración.
“Lo primero es que exista una Política Nacional de Seguridad Pública. Esa está vigente, la promulgó el presidente Boric, dura seis años y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia”, afirmó categóricamente Arrau desde el Palacio de La Moneda. Con esto, el Ejecutivo busca desactivar las críticas sobre una supuesta improvisación, asegurando que la institucionalidad actual ya entrega un marco regulatorio robusto sobre el cual avanzar.
El jefe de la cartera de Seguridad Pública explicó que el Gobierno de José Antonio Kast utilizará esta política de seis años de duración como cimiento institucional, mientras los equipos técnicos terminan de delinear estrategias operativas específicas para el combate al narcotráfico, el crimen organizado y el control de las fronteras. De igual forma, Arrau desestimó que el Presidente carezca de una agenda propia, recordando que las propuestas de campaña fueron el pilar del relato gubernamental y adelantó que, tras la Cuenta Pública, se presentará ante el Congreso un paquete legislativo «muy robusto» junto a medidas de gestión inmediata.
La alocución del ministro también abordó sus antiguas aprensiones respecto a la creación del propio ministerio que hoy lidera, reconociendo que el Partido Republicano mantuvo una visión crítica del costo fiscal de la nueva institucionalidad. Sin embargo, Arrau enfatizó que el mandato presidencial actual exige maximizar el uso de la Ley 21.730 y su rol como coordinador del sistema nacional, asegurando que para enfrentar la crisis delictual la prioridad del Ejecutivo estará puesta en el despliegue en terreno y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
