La iniciativa busca ampliar los controles a cargos públicos y reforzar estándares de probidad, incorporando incluso a candidatos y dirigentes de partidos.
El presidente José Antonio Kast anunció este miércoles el envío de un proyecto de ley que busca ampliar la aplicación de test de drogas a autoridades públicas, parlamentarios y dirigentes políticos, en el marco de una agenda orientada a reforzar la transparencia en el ejercicio de funciones públicas.
El anuncio se realizó luego de que el mandatario se sometiera a un examen capilar en la Asociación Chilena de Seguridad, procedimiento que —según indicó— fue financiado con recursos propios y que permite detectar consumo de sustancias en un período de hasta 90 días.
En ese contexto, Kast advirtió que actualmente no existe presupuesto suficiente para este tipo de análisis, cuyo costo supera los $300.000, lo que —a su juicio— representa una limitación para su implementación masiva.
La iniciativa legislativa busca extender esta exigencia no solo a ministros y altos cargos del Ejecutivo, sino también al propio Presidente de la República, así como a gobernadores regionales, alcaldes, consejeros regionales y concejales.
Asimismo, el mandatario planteó que el Congreso debería incorporarse a esta medida, proponiendo que diputados y senadores se sometan al menos una vez al año a este tipo de test, bajo supervisión de la Contraloría.
El proyecto también contempla incluir a presidentes y directivas de partidos políticos, además de candidatos a cargos de elección popular, con el objetivo de acreditar que no mantienen consumo de drogas.
En paralelo, el jefe de Estado anunció que impulsará modificaciones al decreto N° 1.215 de 2006, con el fin de estandarizar la aplicación del examen capilar en autoridades del Ejecutivo y asegurar su financiamiento.
Entre las medidas propuestas, se establece además que los resultados de los test deberán ser publicados en los sitios web institucionales dentro de un plazo máximo de 10 días desde su entrega.
Según explicó Kast, estas acciones buscan fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, en un contexto marcado por la preocupación por el avance del narcotráfico y el crimen organizado en el país.
