Ocho integrantes del Ejército fueron sentenciados por irregularidades en la adquisición de una aeronave en 2012. El perjuicio al Estado supera los $623 millones.
La justicia condenó a ocho integrantes del Ejército por fraude al Fisco en el marco de la investigación por la compra de un avión Cessna destinada a la Comandancia en Jefe de la institución en 2012, en una causa vinculada al denominado “Fraude en el Ejército”.
El fallo fue dictado por la ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio, quien estableció penas que van desde los 541 días hasta los 4 años de presidio, además de multas que en algunos casos superan los $71 millones.
Según detalló el Poder Judicial, el perjuicio total para el Estado asciende a $623.084.575, derivado de irregularidades en la adquisición de la aeronave, cuyo costo superó los US$9 millones.
La operación quedó bajo cuestionamiento luego de que una auditoría de la Contraloría General de la República detectara inconsistencias entre el valor pagado y los precios de mercado. De acuerdo con esa revisión, aeronaves similares se ofrecían en un rango de entre US$7,2 millones y US$7,9 millones, evidenciando una diferencia significativa respecto al monto desembolsado por el Estado.
Entre los condenados se encuentran Francisco Javier Rossi Giacosa, Iván Alejandro López González, Claudio Andrés Acuña Fuentealba, Iván Orlando López Moraga, Alex Gluzman Comte, Cristián Andrés Salgado Sáenz, Alberto Elías Magluf y Luis Mauricio Reyes Álvarez. De ellos, Salgado Sáenz fue identificado como el único que se mantiene actualmente en servicio activo.
El fallo además distingue entre los imputados condenados exclusivamente por fraude al Fisco y aquellos que, además, fueron sancionados por el delito de falsedad en materia de administración militar. En este último grupo figuran Rossi Giacosa, López González y López Moraga, todos vinculados directamente a la operación investigada.
Este caso se enmarca en una de las aristas del denominado “Fraude en el Ejército”, investigación que en los últimos años ha destapado múltiples irregularidades en el uso de recursos públicos dentro de la institución castrense, reabriendo el debate sobre los mecanismos de control y transparencia en las Fuerzas Armadas.
