Las declaraciones de la futura ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, respecto de conversaciones previas sostenidas con la exfiscal Trinidad Steinert antes de su nominación como ministra de Seguridad Pública, abrieron un intenso debate en el Congreso, particularmente entre integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
En entrevista con La Tercera, Sedini afirmó que la designación de Steinert no fue una decisión improvisada y que existieron diálogos previos de carácter profesional. “No fue una improvisación”, sostuvo, precisando que se trató de “una conversación que ya llevaba un buen tiempo”. Asimismo, descartó cualquier conflicto de interés, asegurando que “no hubo una agenda doble” y que “no existe ningún riesgo para la autonomía del Ministerio Público”.
Desde el oficialismo surgieron cuestionamientos a estas declaraciones. El diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, advirtió que “es complejo esa ambivalencia y el no tener una absoluta separación entre una función política y la persecución penal desde un órgano autónomo constitucional”. En ese sentido, señaló que los conflictos de interés “siempre existirán”, enfatizando que lo relevante es cómo se abordan y regulan.
En contraste, desde la oposición relativizaron la polémica. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, calificó las críticas como “totalmente ridículas y fuera de lugar”, señalando que es natural que un fiscal con trayectoria pase a asumir un cargo ministerial. A su juicio, los conflictos de interés se relacionan con el sector privado y no con el paso entre funciones dentro del Estado. “No cambia de patrón, sigue trabajando para el mismo RUT, el Estado de Chile”, afirmó, agregando que el foco de Steinert seguirá siendo el combate al narcotráfico y al crimen organizado.
En la misma línea, el diputado UDI Henry Leal sostuvo que no existe impedimento legal para que una fiscal integre un gabinete ministerial. “Las inhabilidades están claramente establecidas en la Constitución y la ley, y no hay ninguna que lo prohíba”, señaló, recalcando que el Estado de derecho se rige por normas vigentes.
Por su parte, el diputado del PPD, Jaime Araya, adoptó una postura más crítica y advirtió que la situación podría escalar si las conversaciones se remontan a la etapa en que Steinert aún ejercía como fiscal y existían vínculos con el entonces candidato presidencial. “Si ese largo tiempo incluye conversaciones con el entonces candidato, entramos en un problema mayor”, afirmó.
Araya planteó la necesidad de transparentar el proceso, solicitando claridad respecto de cuándo se produjeron los primeros contactos, quiénes participaron y bajo qué condiciones se desarrollaron. A su juicio, de no aclararse, la controversia podría derivar en “la primera crisis institucional”, evidenciando además la urgencia de avanzar hacia una regulación constitucional más clara sobre estas materias.
