Ajuste impulsado por Hacienda implicaría una reducción de más de $72 mil millones, afectando fuertemente el plan contra el crimen organizado.
El plan de ajuste fiscal impulsado por el Ministerio de Hacienda comenzó a generar controversia al interior del propio Ejecutivo, luego de que el Ministerio de Seguridad Pública detallara cómo se aplicará la reducción del 3% en su presupuesto para 2026.
El anuncio fue presentado el pasado 23 de marzo en la Comisión de Seguridad de la Cámara, donde la ministra Trinidad Steinert, junto al subsecretario Andrés Jouannet, explicaron que el recorte alcanzará los $72.669 millones, en el marco de un presupuesto que supera los dos billones de pesos.
La medida generó críticas transversales entre parlamentarios, incluyendo sectores oficialistas, quienes cuestionaron la coherencia de reducir recursos en una de las áreas definidas como prioritarias por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, en el contexto de su denominada agenda de “gobierno de emergencia”.
Uno de los puntos más sensibles del ajuste es el impacto sobre el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado (PNCO), iniciativa creada en 2022 durante la administración del expresidente Gabriel Boric para fortalecer el combate a redes delictuales complejas.
Según lo expuesto en la comisión, el programa podría sufrir un recorte de $33.271 millones, lo que representa cerca del 64% del presupuesto policial asignado dentro del plan. Actualmente, el PNCO cuenta con $51.940 millones aprobados para 2026, de los cuales la mayor parte está destinada a Carabineros de Chile y una fracción menor a la Policía de Investigaciones de Chile.
De concretarse la reducción, los recursos destinados a Carabineros dentro de este programa caerían drásticamente, pasando de más de $47 mil millones a cerca de $14 mil millones, lo que equivale a una disminución cercana al 70%.
Desde el Ejecutivo se ha defendido la medida como parte de un esfuerzo global de responsabilidad fiscal, aunque el debate quedó abierto respecto a sus efectos concretos en la capacidad operativa de las instituciones encargadas de enfrentar el crimen organizado.
El escenario instala una tensión evidente entre la necesidad de ajuste presupuestario y las demandas ciudadanas por mayor seguridad, en un contexto donde este tema se mantiene como una de las principales preocupaciones a nivel nacional.
