Susana Jiménez debió rectificar tras proponer eliminar la irrenunciabilidad, mientras el Gobierno descartó cambios y gremios marcaron distancia. Un fuerte debate se instaló en Chile tras los dichos de la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien planteó la posibilidad de eliminar la irrenunciabilidad de algunos feriados, generando críticas desde el mundo sindical, político e incluso dentro del propio empresariado.
Actualmente, el país cuenta con 16 feriados anuales, de los cuales 5 son irrenunciables: 1 de enero, 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre y 25 de diciembre, jornadas en las que el comercio debe cerrar obligatoriamente.
La controversia se originó luego de que Jiménez, tras reunirse con el ministro del Trabajo, señalara que estos feriados generan una “merma muy importante” en la actividad económica, además de incentivar la informalidad laboral.
El debate surgió en medio de cuestionamientos del arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, quien criticó la apertura del comercio durante el Viernes Santo —feriado no irrenunciable—, afirmando que quienes trabajan en esas jornadas “son los más pobres”.
Las declaraciones de la líder de la CPC no solo generaron rechazo en sindicatos, sino también incomodidad dentro del propio gremio empresarial, donde algunas ramas señalaron que la propuesta no había sido consensuada.
Ante la polémica, Jiménez debió rectificar sus dichos, aclarando que la postura del sector no apunta a eliminar los actuales feriados irrenunciables, sino a que “no se sumen nuevos” a la lista.
El desmarque fue reforzado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC). Su presidente, José Pakomio, aseguró que “nunca ha estado en nuestra agenda la eliminación de los feriados irrenunciables establecidos por la ley”, destacando su importancia para los trabajadores y sus familias.
En la misma línea, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, llamó a buscar un equilibrio entre economía y derechos laborales, señalando que el sistema actual impacta especialmente a pymes y trabajadores con ingresos variables.
Desde otros sectores, las posturas fueron divergentes. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, planteó avanzar hacia acuerdos flexibles entre empleadores y trabajadores, mientras que desde la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, defendió el derecho a trabajar en feriados.
El debate también llegó al Gobierno. El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, descartó cambios en el corto plazo, afirmando que “no estamos pensando en mover ninguno de esos feriados”, aunque dejó abierta la discusión sobre jornadas electorales.
Según estimaciones del sector privado, cada feriado puede implicar pérdidas de entre US$150 millones y US$300 millones en productividad, lo que explica la preocupación empresarial. Sin embargo, sindicatos advierten que estos días son clave para el descanso laboral y la vida familiar.
El episodio dejó en evidencia una división poco habitual dentro del empresariado chileno y reabrió el debate sobre el equilibrio entre crecimiento económico, derechos laborales y calidad de vida.
