Informe advierte que trabajadores con acceso a fondos públicos realizaron apuestas en casinos entre 2024 y 2025. Se iniciarán procesos administrativos y eventuales acciones legales.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 910 funcionarios públicos y municipales realizaron apuestas en casinos por un total de $11.490 millones, pese a estar legalmente impedidos de hacerlo.
Los antecedentes corresponden al período entre enero de 2024 y junio de 2025, e involucran a funcionarios que, de acuerdo con la normativa vigente, tienen prohibición de participar en juegos de azar debido a que administran o custodian recursos públicos. El análisis fue elaborado a partir del cruce de información entre registros de funcionarios obligados a rendir caución y datos proporcionados por la industria de casinos.
El informe advierte una alta concentración de los montos apostados. En total, 181 funcionarios reúnen el 96,8% del dinero transado, equivalente a más de $11.118 millones, con casos individuales que superan los $1.000 millones. En varios de estos, las cifras no se condicen con los niveles de remuneración reportados.
La revisión identifica a funcionarios pertenecientes a 371 entidades del Estado, incluyendo organismos como Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Fuerza Aérea de Chile y Tesorería General de la República, además de diversas municipalidades y servicios públicos. Entre los casos con mayores montos se encuentran funcionarios que desempeñaban cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.
De acuerdo con la Ley N° 19.995, en su artículo 10 letra b), este tipo de funcionarios tiene prohibido efectuar apuestas en casinos, con el objetivo de resguardar la probidad administrativa y evitar conflictos de interés.
A partir de estos antecedentes, la Contraloría informó que remitirá el listado de los 910 funcionarios a la Superintendencia de Casinos de Juego para que ejerza sus facultades de fiscalización e instruya eventuales procedimientos sancionatorios. Asimismo, los casos serán enviados a los respectivos servicios públicos y municipalidades para el inicio de sumarios administrativos.
En paralelo, los antecedentes también serán puestos a disposición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, con el fin de evaluar eventuales responsabilidades en el ámbito penal y civil.
El informe abre un nuevo foco de atención sobre los mecanismos de control dentro del Estado y el cumplimiento de las normas de probidad, especialmente en funcionarios que manejan recursos públicos.
